Ciudad de Texas exige 2,3 millones de dólares por registros públicos sobre el uso de Flock

En un contexto de creciente rechazo bipartidista hacia Flock, algunas ciudades están solicitando a activistas y medios de comunicación que costeen tarifas exorbitantes —que pueden ascender a decenas de miles o incluso millones de dólares— para acceder a información sobre cómo los departamentos de policía utilizan y potencialmente abusan de sistemas de cámaras con inteligencia artificial que registran cada vehículo que pasa. El diario Texas Tribune informó que funcionarios de North Richland Hills, un suburbio de Fort Worth, exigieron a un grupo el pago de 2,3 millones de dólares antes de satisfacer una solicitud de registros públicos sobre datos de Flock. Para justificar esa suma, alegaron que revisar "aproximadamente un terabyte de comunicaciones sobre errores, mal uso y efectividad del sistema Flock" requeriría unas 14 años de trabajo a una tarifa de 15 dólares por hora.

Phil Mynona, quien presentó la solicitud bajo seudónimo en nombre de su grupo, la Coalición de Privacidad de Texas, declaró al Tribune que la tarifa le parecía "ridícula" y diseñada para obstaculizar sus búsquedas. Mynona ha requerido documentos similares a más de 200 agencias policiales en Estados Unidos y señaló que es imposible predecir cómo las ciudades calculan los costos: algunas entregaron más de 400.000 páginas gratuitamente, mientras que otras cobraron 5.000 dólares. La estación de noticias KPRC, de Houston, recibió cotizaciones de hasta 121.000 dólares. Estas elevadas cifras podrían estar ocultando datos que, según grupos contrarios a la vigilancia, han motivado auditorías, arrestos y cambios en el uso policial de las cámaras, incluidas decisiones de desmantelarlas. Se ha descubierto que muchos agentes utilizaron las cámaras para acechar a desconocidos y a personas de su entorno personal, y hasta ahora Flock no ha implementado reformas significativas para enfrentar ese problema.

Texas ejemplifica cómo la transparencia sobre el uso policial de las cámaras Flock protege al público de registros invasivos sin fines legales. La semana pasada, el exagente Zachary Anthony Klein se declaró culpable de 100 cargos graves por mal uso de información oficial, como parte de un acuerdo para que el estado no presentara cargos por acecho. Su abuso de Flock salió a la luz tras una solicitud de registros de USA Today que desencadenó una investigación y su arresto; el gobernador Greg Abbott respondió suspendiendo fondos y permisos. No obstante, la aplicación de la ley sigue resistiéndose: el Departamento de Seguridad Pública de Texas pidió al fiscal general que le permitiera retener la totalidad de los datos solicitados por el Tribune, tras haber respondido antes a una solicitud idéntica.

Flock sostiene que sus lectores automáticos de matrículas están diseñados para la seguridad pública, y los tribunales han aceptado en gran medida que la policía acceda a sus bases sin violar la Cuarta Enmienda. Sin embargo, una jueza federal de Oklahoma, Sara Hill, dictaminó la semana pasada que un agente realizó una búsqueda inconstitucional al consultar la base de Flock solo porque la matrícula de una mujer provenía de California, calificando la red como un sistema de vigilancia masiva indiscriminada que debería requerir una orden judicial. Aunque el fallo no sienta precedente, podría influir, ya que las auditorías muestran más de cien mil búsquedas mensuales sin orden. Sin reformas ni mayor transparencia, las cámaras Flock seguirán rastreando movimientos sin que el público los comprenda plenamente.