Ciudades obligadas a canalizar datos de matrículas hacia un programa federal de vigilancia

Según registros públicos y documentos judiciales revisados por 404 Media, la administración Trump estaría utilizando un programa de subvenciones contra el narcotráfico de la década de 1980 para forzar a ciudades de todo el país a canalizar la recolección continua de datos de lectores automáticos de matrículas hacia grandes centros federales de vigilancia bajo la jurisdicción de la Casa Blanca.

El programa en cuestión, conocido como High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA), obtiene datos de cámaras de empresas como Flock y Axon, y los agrega en servidores federales a los que luego pueden acceder otras agencias federales, estatales y locales; en algunos casos, la información se comparte además con el National License Plate Reader Program de la DEA, lo que plantea serias preocupaciones sobre privacidad y transparencia, ya que ciudades que intentan restringir el uso de sus datos quedan sujetas a este mecanismo que elude controles democráticos. HIDTA depende de la Office of National Drug Control Policy (ONDCP), que recientemente recibió un premio de la Casa Blanca por gestionar una plataforma automatizada de lectura de matrículas que integra a todos los niveles policiales.

Cris van Pelt, creador de HaveIBeenFlocked.com, afirmó que las autoridades locales y los proveedores privados ocultan una agenda más amplia: "La DEA y la ONDCP ya están agregando datos locales tras bambalinas. Esto evade por completo los procesos democráticos". Por su parte, Jeramie Scott, del Electronic Privacy Information Center, señaló que el esquema añade otra capa de opacidad sobre quién usa los datos y para qué. El programa HIDTA, con 33 centros que cubren los 50 estados, se asemeja a los centros de fusión gubernamentales, pero es distinto, y su gestión por juntas ejecutivas genera confusión sobre la responsabilidad final de los datos. Un acuerdo de entendimiento en Georgia obliga a las ciudades a enviar sus datos a HIDTA para operar cámaras en vías estatales, y se desconoce cuántas jurisdicciones más están haciendo lo mismo.

La DEA ha argumentado en tribunales que los registros de HIDTA no están sujetos a leyes de transparencia porque son entidades complejas gobernadas por juntas ejecutivas, y que la agencia no los posee ni controla. En julio, la administración Trump otorgó a HIDTA 277 millones de dólares en fondos adicionales. El sistema plantea interrogantes sobre el destino final de los datos, su retención y la capacidad de auditoría pública, en un contexto donde algunas jurisdicciones ya alegan que su información va directamente a bases de datos federales no consultables mediante FOIA.