El CFPB no puede confirmar si los datos en equipos abandonados están seguros

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) de Estados Unidos terminó los contratos de alquiler de sus oficinas en Nueva York, Chicago, San Francisco y Atlanta a comienzos de 2025. Dejó equipos tecnológicos en esos lugares y todavía no puede confirmar que esos equipos, ni los datos que contienen, estén seguros.

El inspector general de la Reserva Federal y del CFPB emitió esta advertencia como una alerta urgente de gestión. El problema se detectó durante su auditoría anual de ciberseguridad. Según el informe, el CFPB no tiene forma de saber si alguien accedió, modificó o se llevó los equipos o datos sensibles. Estos podrían incluir quejas de consumidores, detalles financieros y registros confidenciales de supervisión. La agencia alquilaba las oficinas a la Administración de Servicios Generales, que asumió la seguridad física cuando los contratos terminaron en febrero de 2025. El CFPB dejó de pagar las conexiones de red en septiembre. Para marzo de 2026 aún no se había mudado por completo. En junio, funcionarios dijeron a los auditores que nadie había revisado el equipo. En septiembre, indicaron que no había un plan ni un plazo aprobado, citando litigios y aprobaciones de viaje.

El CFPB aceptó localizar y proteger todo el equipo, pero rechazó que enfrente un mayor riesgo de filtración de datos en una carta del 18 de septiembre. El director de información, Christopher Chilbert, escribió que en las oficinas regionales no hay bases de datos con información sensible. Dijo que los equipos se usaban sobre todo para redes, internet y tareas administrativas. La agencia empezó a retirar la tecnología de cada antigua oficina y planeaba terminar el 30 de septiembre. Las clausuras fueron ordenadas por Russell Vought, quien dirigía la agencia entonces. El personal recibió la orden de dejar de trabajar y quedarse en casa en febrero de 2025, poco después del regreso de Donald Trump al poder. Desde entonces, el CFPB redujo su supervisión de bancos y prestamistas y abandonó casos por cientos de millones de dólares. El gobierno planea recortar la mitad de sus 1.100 empleados restantes. Los estados han intentado cubrir el vacío: en julio, 46 estados llegaron a un acuerdo con Block por reclamos de fraude de Cash App.