El servicio de salud del País Vasco deberá pagar 82.000 euros a un paciente desahuciado que sobrevivió tras acudir a la sanidad privada

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictaminado que Osakidetza, el servicio público de salud vasco, debe sufragar los gastos médicos que un hombre contrajo tras recurrir a la sanidad privada después de que los facultativos lo consideraran desahuciado mientras recibía atención en el sistema público, de modo que la resolución abarca tanto los costos de la clínica privada en la que sobrevivió como los de un centro de rehabilitación y fija la cuantía total en 82.000 euros, según confirmó el propio tribunal.

El caso se remonta a un paciente al que se le había pronosticado un desenlace fatal y que, tras ser atendido en una clínica privada, no solo sobrevivió, sino que requirió posteriormente un tratamiento especializado de rehabilitación que también generó gastos, de manera que el afectado, que había costeado de su bolsillo dichos servicios, reclamó ante los tribunales el reembolso de Osakidetza y el TSJPV le ha dado la razón. Conviene precisar que la sentencia se limita a los gastos incluidos en este litigio concreto y no sienta un derecho general para que los pacientes vascos elijan libremente la sanidad privada y pretendan después que Osakidetza les cubra la factura.

La decisión judicial trasciende el mero coste del tratamiento que siguió al pronóstico inicial, ya que la recuperación del paciente exigió una rehabilitación especializada que incrementó la factura que debía afrontar, y este fallo se produce, además, en un momento en que Osakidetza planea ampliar su propia capacidad con nuevos quirófanos en Gipuzkoa, con el objetivo de realizar más intervenciones dentro del sistema público y reducir así la dependencia de las clínicas privadas.

Existe, por otra parte, un precedente del Tribunal Supremo para casos de reembolso tras acudir a la sanidad privada en circunstancias excepcionales, pues en 2024 el alto tribunal examinó la reclamación de un paciente que sufrió complicaciones graves tras ser dado de alta del Hospital Gregorio Marañón de Madrid durante la pandemia de covid-19; ingresó al día siguiente en un hospital privado, donde permaneció 35 días en cuidados intensivos, y reclamó más de 80.000 euros. El Supremo aceptó que concurrían los requisitos para el reembolso, aunque solo reconoció 2.013,44 euros, la cantidad debidamente documentada, y la reciente resolución vasca engrosa así la jurisprudencia sobre cuándo los servicios públicos de salud pueden verse obligados a costear tratamientos privados.