Jóvenes en Birmania viven con miedo a ser capturados y vendidos al ejército

En Hpa-An, capital del estado sureño de Karen, en Birmania, los jóvenes en edad de reclutamiento evitan salir después del anochecer. Según testigos locales, miembros y simpatizantes del gobierno militar, vestidos de civil, recorren las calles para detener arbitrariamente a personas de entre diez y treinta y tantos años y obligarlas a servir en el ejército. Zaw Min, un conductor de tuk tuk de 26 años que pidió no revelar su nombre real por temor a represalias, explicó que debe trabajar de todos modos y que su familia lo llama constantemente para que tenga cuidado con los pasajeros que acepta.

Birmania está sumida en una guerra civil desde febrero de 2021, cuando los militares dieron un golpe de Estado y sacaron del poder a la líder electa Aung San Suu Kyi. Tres años después, tras una serie de derrotas y un aumento de las deserciones, la junta impuso una ley de servicio militar obligatorio: los hombres de 18 a 35 años y las mujeres de 18 a 27 deben servir al menos dos años bajo mando militar, y quienes se nieguen enfrentan hasta cinco años de prisión. Documentos filtrados vistos por BBC Burmese indican que las autoridades han recibido la orden de cumplir agresivamente las cuotas de reclutamiento. El mayor Naung Yoe, del Instituto de Defensa y Seguridad de Myanmar (MDSI) y exoficial que desertó, afirma que la ley es una de las medidas más severas contra la población civil desde el golpe. Se estima que unos 100.000 jóvenes han sido reclutados en los últimos dos años y medio, muchos mediante coerción, extorsión y secuestros.

El caso de Ma Moe San Pan, en Yangón, muestra cómo funciona ese mercado ilícito. El 8 de mayo de 2025 vio por última vez a su esposo Phyo Wai, de 33 años, tras una discusión. Su primo, que trabajaba en la oficina administrativa del barrio, lo llevó a otra oficina que, según ella, lo vendió por 4 millones de kyats (unos 900 dólares) para cubrir su cuota de reclutamiento. Después, unos estafadores le quitaron 4,5 millones de kyats con la falsa promesa de liberarlo. El administrador del barrio admitió al BBC haber participado en el envío, aunque negó que hubiera dinero involucrado. La policía aceptó sus denuncias, pero rechazó incluir cargos de trata de personas.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch señalan que el ejército birmano secuestra civiles para forzarlos a servir. El mayor Naung Yoe advierte que estas prácticas se han convertido en una forma de esclavitud moderna y trata de personas, y que se intensifican por las dificultades para cumplir las cuotas y las ganancias que genera la venta de reclutas. Según el investigador Sandeep Singh, de la Universidad Nacional de Singapur, esto refleja la posición debilitada de la junta en la guerra civil y agrava el sufrimiento de los jóvenes y sus familias.