Captura y almacenamiento de carbono: ¿solución climática o espejismo costoso?

La captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como un pilar en las estrategias globales para alcanzar las emisiones netas cero, pese a que su implementación real dista del ambicioso despliegue que prevén los modelos climáticos. La tecnología consiste en atrapar el dióxido de carbono (CO2) emitido por fuentes industriales o plantas de energía, comprimirlo y transportarlo —generalmente mediante tuberías— hasta reservorios subterráneos, como acuíferos salinos o yacimientos petrolíferos agotados, donde queda confinado de forma permanente. No obstante, a pesar de que organismos como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) la consideran una opción "crítica" para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como la producción de cemento, su trayectoria hasta la fecha refleja expectativas incumplidas y un ritmo de adopción considerablemente más lento de lo proyectado.

Los datos actuales evidencian esta brecha: en febrero de 2026, apenas había 75 proyectos operativos en el mundo, que capturaban 62,5 millones de toneladas de CO2 al año — una cifra equivalente a las emisiones anuales de Ecuador, pero ínfima comparada con los miles de millones de toneladas que los escenarios del IPCC estiman necesarios para 2050. Gran parte de esa captura se destina, paradójicamente, a la recuperación mejorada de petróleo, un proceso que inyecta CO2 en pozos agotados para extraer más crudo, con lo que la tecnología termina beneficiando a la industria de los combustibles fósiles, tal como señala un análisis de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Además, la tasa de captura efectiva de los proyectos existentes se ubica en torno al 50 %, muy por debajo del 90 % que exigen las directrices del Reino Unido y de la mayoría de las evaluaciones independientes.

Las críticas no provienen únicamente de organizaciones ecologistas; incluso voces académicas como las de Lina Lefstad, economista ecológica de la Universidad de Lund, cuestionan la viabilidad financiera de la tecnología, mientras que un documento de trabajo de la Universidad de Oxford concluyó que una vía hacia las emisiones netas cero con baja dependencia de la CCS podría costar alrededor de un billón de dólares menos al año que los escenarios de alta dependencia. Sin embargo, los defensores, como Stuart Haszeldine, investigador de la Universidad de Edimburgo, sostienen que si se sigue quemando gas natural — un combustible que se vislumbra indispensable durante la transición energética — la CCS resulta imprescindible para mitigar sus emisiones. En este contexto, el gobierno del Reino Unido ha comprometido hasta 21.700 millones de libras esterlinas para desarrollar sus primeros proyectos, aunque no han faltado críticas, como las del Public Accounts Committee, que señalan que los fondos podrían destinarse a las industrias donde la CCS es más necesaria, como la cementera, en lugar de hacerlo a través de un enfoque por conglomerados industriales.

El debate sigue abierto, y la postura de los organismos internacionales tiende a matizarse: mientras la AIE afirma que el objetivo de cero emisiones netas sería "prácticamente imposible" sin CCS, el IPCC subraya que su contribución será significativamente menor que la de las energías renovables. En el fondo, la cuestión radica en si la tecnología logrará demostrar un desempeño fiable a gran escala o si, como sostienen sus críticos, se convertirá en una "solución falsa" que perpetúe la dependencia de los combustibles fósiles.