Argentina investiga a 60 personas y empresas por el petróleo cerca de las Malvinas

El gobierno de Argentina aumentó a 60 el número de personas y empresas investigadas por actividades petroleras en aguas cercanas a las Islas Malvinas. La medida fue anunciada el martes por la Oficina del Presidente, con la firma de Javier Milei. Se abrieron expedientes contra 15 nuevos implicados, pero no se dieron a conocer sus nombres. Estos se suman a los 45 casos abiertos días antes. La base legal es el artículo 2 de la Ley 26.659, que prohíbe realizar, financiar o prestar servicios a la actividad de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.

El enfoque actual contrasta con el primer grupo. El 4 de septiembre, cuando se anunciaron los primeros 45 casos, el gobierno publicó la lista completa. En ella aparecían empresas como Navitas Petroleum Development, Rockhopper Exploration y Noble Corporation, junto con fondos de inversión como Vanguard. La lista incluía firmas y personas de al menos ocho países. Ninguno de los 60 ha sido sancionado aún: los procesos están en una etapa inicial y la responsabilidad se determinará al concluir cada expediente. El Decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación. Las posibles sanciones van desde multas equivalentes a entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo hasta prohibiciones de cinco a 20 años.

El universo bajo análisis es mucho mayor. El canciller Pablo Quirno dijo el 4 de septiembre que se notificó a unas 180 empresas de 29 países. Además, indicó que la reforma legal que el Ejecutivo planea enviar al Congreso incluiría una vía de salida para las compañías que abandonen sus operaciones en el archipiélago y quieran volver a trabajar en Argentina. Los procesos administrativos corren en paralelo a una causa judicial: la denuncia penal presentada esta semana contra cinco empresas del proyecto Sea Lion. Ninguna de las acusaciones ha sido probada. La soberanía sobre las islas, un territorio británico de ultramar, sigue en disputa. En un referéndum de 2013, el 99,8% de los residentes votó por mantener ese estatus.