Argentina investiga a 60 personas y empresas por actividad petrolera cerca de las Malvinas

El gobierno de Argentina elevó a 60 el número de personas y empresas sujetas a procesos administrativos por actividad petrolera en aguas cercanas a las Malvinas. La medida, anunciada el martes por la Oficina del Presidente en un comunicado firmado por Javier Milei, se basa en el artículo 2 de la Ley 26.659, que prohíbe realizar, financiar o prestar servicios a la actividad de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. A los 45 expedientes abiertos días antes se sumaron 15 nuevos, cuyas identidades no se divulgaron. Ninguno de los 60 ha sido sancionado todavía: los procesos están en una etapa inicial y la responsabilidad se determinará cuando concluya cada expediente.

Este enfoque contrasta con la primera ronda. El 4 de septiembre, cuando se anunciaron los 45 procesos iniciales, el gobierno publicó la lista completa, que incluía a Navitas Petroleum Development, Navitas Petroleum Atlantic, Rockhopper Exploration, Borders & Southern Falkland Islands, JHI Associates y el proveedor Noble Corporation, junto con accionistas y fondos de inversión como AP Moller Holding, First Eagle Investment Management, Vanguard, Dimensional Fund Advisors y la consultora Netherland, Sewell & Associates. La lista abarcaba firmas e individuos de al menos ocho países.

El procedimiento fue establecido en el Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la ley. Cuando hay fundamentos suficientes, el ministerio abre un expediente y notifica al presunto infractor, quien tiene diez días hábiles para presentar su defensa y aportar pruebas. Una resolución fundamentada puede luego cerrar el proceso o aplicar las sanciones previstas por ley, que van desde multas equivalentes a entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo hasta inhabilitaciones de cinco a 20 años, decomiso de equipos y reversión de concesiones en territorio argentino. El marco también prevé excluir a las firmas afectadas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

"La República Argentina no acepta ni aceptará ataques a su soberanía", dijo el comunicado, que reafirmó que las islas, Georgia del Sur, las islas Sandwich del Sur y las áreas marítimas correspondientes "pertenecen a todos los argentinos" y que "nadie puede disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país". El gobierno agregó que agotará todas las vías administrativas, diplomáticas y legales disponibles. El universo bajo escrutinio es considerablemente mayor: el canciller Pablo Quirno dijo el 4 de septiembre, ante líderes empresariales en Puerto Iguazú, que el gobierno había notificado a unas 180 empresas de 29 países. Quirno también indicó que la reforma legal que el ejecutivo planea enviar al Congreso incluiría, junto con penas más duras, una vía de salida para las empresas que abandonen operaciones en el archipiélago y busquen trabajar de nuevo en Argentina.