La búsqueda silenciosa de Kennedy sobre el autismo se estanca mientras Trump ordena cambios sin base en las vacunas infantiles

El presidente Donald Trump ha ordenado reducir las vacunas infantiles, culpando públicamente a las inyecciones del aumento de casos de autismo, aunque el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., no ha logrado presentar evidencia que vincule ambas cosas. La orden ejecutiva, publicada el 10 de agosto, no menciona directamente el autismo, pero ha desconcertado a grupos médicos, médicos y analistas políticos. La directiva llegó a menos de 90 días de las elecciones de mitad de mandato, y los propios encuestadores de Trump han advertido que la retórica antivacunas podría ponerlas en peligro. "El momento político, particularmente para los miembros republicanos en distritos indecisos, no es bueno", dijo Larry Bucshon, ex congresista republicano y médico retirado.

La investigación de Kennedy, que ha costado millones de dólares, ha superado el plazo para encontrar respuestas definitivas y ha sido criticada por su opacidad. Helen Tager-Flusberg, reconocida psicóloga que dirige la Coalición de Científicos del Autismo, comentó: "Este es el proyecto más cerrado del que haya oído hablar. Lo están tratando como el Proyecto Manhattan de los años 40. Es lo más opaco que podría ser". Kennedy ha rechazado la ciencia existente que señala la genética como factor principal y ha gastado millones en buscar causas, sin consultar a grupos de defensa del autismo ni a científicos de carrera. Delancy Allred, gerente de políticas públicas de la Sociedad del Autismo, dijo que "nadie ha llegado a Kennedy".

Trump ha presionado a Kennedy para que encuentre la causa del autismo, prometiendo un "gran día" cuando se revelen los factores. Sin embargo, Kennedy ha hecho afirmaciones que no resisten el escrutinio científico, como vincular el uso de Tylenol durante el embarazo o la circuncisión con el autismo, ambas desmentidas por estudios recientes. Además, canceló millones en fondos para investigaciones en curso. El director de los NIH, Jay Bhattacharya, admitió que "no sé la respuesta a esa pregunta" sobre el aumento de casos. A pesar de todo, Trump firmó la orden ejecutiva, mostrando su impaciencia y su compromiso con la agenda antivacunas, incluso mientras su propio secretario pedía paciencia para terminar el trabajo antes de que termine su mandato.

Este conflicto revela una tensión entre las promesas políticas y la evidencia científica. La comunidad médica y los expertos en salud pública temen que estas decisiones sin fundamento puedan revertir décadas de progreso en la prevención de enfermedades. Mientras tanto, las familias y los científicos esperan respuestas claras que, por ahora, no llegan. La pregunta sigue siendo si la presión política logrará imponerse a los hechos científicos, o si la razón prevalecerá en beneficio de la salud pública.