El crimen organizado se afianza en la Amazonía brasileña a lo largo de la carretera BR-319

Un estudio reciente concluye que organizaciones criminales vinculadas a la tala ilegal, la minería ilegal de oro, el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva dominan ya amplias extensiones de terreno en torno a la carretera BR-319, situada en una de las mayores franjas de bosque de la Amazonía brasileña. El hallazgo se produce justo cuando Brasil avanza en nuevas obras de mejora de esta polémica vía. La investigación midió el fuerte aumento de la deforestación después de 2015, año en que la entonces presidenta Dilma Rousseff autorizó los primeros trabajos de mantenimiento de la carretera, abandonada desde 1998; su sucesor, Jair Bolsonaro, prometió pavimentarla, lo que intensificó la especulación con la tierra y la conversión de grandes áreas de bosque en pastos para ganado.

Según Lucas Ferrante, investigador de la Universidad de São Paulo (USP) y autor principal del artículo, la falta de vigilancia gubernamental convirtió la zona en un terreno fértil para el crimen organizado, pues el narcotráfico y los delitos ambientales suelen compartir las mismas rutas y flujos financieros, mientras que la ganadería se emplea a menudo para blanquear dinero procedente de actividades criminales. "Esta región se está convirtiendo en un centro de grandes fincas controladas por el crimen organizado", declaró Ferrante a Mongabay. La BR-319, que conecta Manaos y Porto Velho, se construyó durante la dictadura militar en los años setenta y después quedó en mal estado; su tramo medio, de 339 kilómetros, resulta en gran medida intransitable en la temporada de lluvias, aunque muchos siguen intentando cruzarlo.

En abril, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva impulsó el avance de las obras aprovechando un nuevo resquicio legal para eludir los requisitos de licencia ambiental, y en septiembre su gobierno creó cuatro nuevas reservas de desarrollo sostenible que cubren 668.000 hectáreas cerca de la BR-319, además de prever tres puestos de control y 170 pasos para que los animales crucen con seguridad. No obstante, Ferrante estima que harían falta al menos 28 puestos de control en todas las vías secundarias ya abiertas junto a la carretera para que agentes federales inspeccionen los vehículos en busca de actividad ilegal, y advierte de que "el número de caminos de acceso ilegales ya equivale a seis veces la longitud de la carretera". El estudio, basado en datos de deforestación, imágenes satelitales, documentos de comercio de ganado y cinco expediciones de campo, insta al gobierno a reconsiderar o revocar las licencias y medidas regulatorias que permiten seguir mejorando la vía; en una de esas expediciones, Ferrante halló el cadáver de un trabajador agrícola junto a un camino secundario ilegal, lo que refleja el aumento de la violencia ligada a los conflictos por la tierra.