La norma laboral de Medicaid deja a los indigentes en la intemperie

La reciente normativa federal que exige a los beneficiarios de Medicaid acreditar que trabajan, realizan voluntariado o estudian para conservar su cobertura ha sumido en una situación de extrema vulnerabilidad a las personas sin hogar, quienes no figuran entre los grupos exentos de dicho requisito. Tywon Pugh, un hombre de 46 años que padece convulsiones y reside en las calles de Missoula, Montana, desde el fallecimiento de su esposa el año pasado, depende enteramente de Medicaid para sufragar los medicamentos que controlan su epilepsia y para acceder a un programa de tratamiento por alcoholismo. No obstante, su carencia de domicilio fijo no constituye una exención automática, y el gobierno federal ha determinado que la indigencia no es una dolencia médica que justifique exceptuarlo del cumplimiento de la nueva regla.

Esta medida, impulsada por la administración Trump y cuya implementación comenzó en estados como Montana, Arkansas y Nebraska, establece que quienes no califiquen claramente para una exención —por motivos de edad, discapacidad, embarazo o ascendencia nativa— deberán demostrar que se hallan demasiado enfermos para trabajar. Sin embargo, organizaciones de salud advierten que muchas personas sin hogar, como Pugh, enfrentan barreras burocráticas casi insuperables: sin una dirección fija, les resulta extraordinariamente difícil recibir la documentación necesaria, asistir a citas médicas o conseguir empleos formales que generen comprobantes de ingresos. En 2023, el 55% de los pacientes atendidos por los programas federales de salud para personas sin hogar estaban inscritos en Medicaid, lo que subraya la magnitud del impacto potencial de esta política.

Esta política ha suscitado un intenso debate. Mientras que los defensores, como el Dr. Mehmet Oz, líder de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, la presentan como una “vía hacia la prosperidad”, 25 estados han interpuesto demandas contra la administración federal en junio por considerar que el estándar para otorgar exenciones es demasiado rígido. Además, la Oficina Presupuestaria del Congreso proyecta que esta medida incrementará en más de cinco millones el número de personas sin seguro médico para 2034. Para Pugh, cuya esposa falleció y cuya vida se ha desmoronado, la incertidumbre resulta angustiante: “Mi Medicaid sigue activo, pero ¿cuándo me lo van a cortar? No puedo conseguir empleo. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir?”, se pregunta mientras intenta mantenerse sobrio y recuperar la esperanza de reintegrarse a la fuerza laboral.