La industria cripto no necesita un partido: financia candidatos de ambos bandos

El sector de las criptomonedas ha hallado una vía para intervenir en la contienda partidista de Estados Unidos sin comprometerse con ninguno de los dos partidos: respaldar a quienes comparten su postura sobre los activos digitales y dejar que esos legisladores diriman el resto de los asuntos por su cuenta. Fairshake, un comité federal de gasto independiente —es decir, una entidad que solo puede financiar actividad política al margen de las campañas de los candidatos y bajo normas que prohíben expresamente la coordinación—, presentó planes de gasto para la Cámara de Representantes que abarcan 32 candidatos: 19 republicanos y 13 demócratas. Seis de ellos figuran con compromisos divulgados de un millón de dólares cada uno, mientras que los montos destinados a las demás contiendas no se han hecho públicos, según la agencia AP.

Entre los seis beneficiarios de esas partidas reveladas figuran los republicanos French Hill, Bryan Steil y Bill Huizenga; Hill preside el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Steil encabeza su subcomité de activos digitales y Huizenga es vicepresidente del comité pleno. Los tres demócratas son Janelle Bynum, Steven Horsford y Derek Tran, según informó Roll Call. La selección republicana respalda a figuras que ya ejercen influencia sobre la legislación financiera, mientras que el respaldo demócrata premia a miembros de la coalición que votó a favor de la ley más ambiciosa para el sector: la CLARITY Act, aprobada en la Cámara en julio de 2025 por 294 votos contra 134, con 216 republicanos y 78 demócratas a favor. Ese respaldo envía a otros demócratas la señal de que existe ayuda electoral al otro lado de un voto favorable a las criptomonedas.

El artículo subraya que el dinero crea un incentivo para legisladores que quizá estén a punto de cambiar de postura, aunque no permite suponer que alguien haya sido comprado: los donantes suelen elegir aliados que ya comparten sus ideas. La industria necesita reglas claras —qué regulador le corresponde, qué licencias exige, cuándo el software genera obligaciones—, y el texto de cada proyecto importa más que su existencia, porque cada palabra asigna costos y permisos. Fairshake contará sus victorias electorales en noviembre; los clientes juzgarán después qué producen esas victorias cuando el Congreso aborde las normas.