El arte como herramienta de justicia para los refugiados rohinyá

Enayet Khan huyó de Myanmar en 2017 y, durante tres días, avanzó con su familia por bosques y campos mientras las llamas consumían las aldeas a sus espaldas; al amanecer, el refugio que habían encontrado la noche anterior también ardía, de modo que la seguridad era siempre efímera. Su propia casa ya había quedado reducida a cenizas, pero no hubo tiempo para lamentar lo perdido, pues los soldados armados avanzaban con rapidez y Khan vio cómo disparaban a personas ante sus ojos. El objetivo era simple: sobrevivir el tiempo suficiente para encontrar una vía de salida de Myanmar; diez miembros de su familia huyeron juntos y tres resultaron heridos en el trayecto, hasta que finalmente cruzaron la frontera hacia Bangladés. «Lo perdí todo», declaró Khan a Hyperallergic en una llamada telefónica: «el hogar, la documentación, las propiedades, la sensación de seguridad».

Khan se estableció en Cox's Bazar, en Bangladés, donde residen casi un millón de refugiados rohinyá; este pueblo ha padecido décadas de discriminación y represión bajo los sucesivos gobiernos de Myanmar, y una ley de 1982 les arrebató la ciudadanía, por lo que siguen siendo uno de los grupos apátridas más numerosos del mundo. La mayoría huyó en 2017 para escapar de los crímenes de lesa humanidad y del genocidio perpetrados por el ejército. En los campamentos, Khan recurrió a la pintura y al dibujo para procesar las atrocidades que había presenciado —casas incendiadas, familias en fuga y ejecuciones— y, con el tiempo, comenzó a capacitar a otros refugiados en esas técnicas, fundando el Rohingya Art Club (RAC) y fomentando la narración visual como forma de expresión y resistencia.

Khan es uno de los muchos refugiados que emplean el arte para registrar experiencias de conflicto y violencia; según expertos jurídicos, tales obras también pueden contribuir a los esfuerzos de rendición de cuentas, pues ayudan a transmitir testimonios, corroborar los relatos de los supervivientes e incluso pueden incorporarse a procesos judiciales como prueba de atrocidades masivas. Un número récord de 117,8 millones de personas ha sido desplazado por la fuerza en el mundo, una cifra que ha aumentado durante doce años consecutivos, y las investigaciones y enjuiciamientos por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra se han multiplicado en la Unión Europea, con un incremento del 44 % de nuevos casos entre 2016 y 2021. Hoy más desplazados acuden a tribunales internacionales para exigir responsabilidades, una demanda que la propia Corte Penal Internacional (CPI) ha calificado de «sin precedentes»; para algunos defensores legales, el arte se ha convertido en una vía para satisfacer esa demanda.

Antonia Mulvey, directora ejecutiva de Legal Action Worldwide y exinvestigadora de las Naciones Unidas, reunió obras de arte como parte de las pruebas en un caso ante la Corte Internacional de Justicia que acusaba al ejército de Myanmar de genocidio contra las comunidades rohinyá en 2017. Mulvey señaló que el elevado analfabetismo entre los rohinyá, especialmente entre mujeres y niños, dificulta la toma de declaraciones tradicionales y que, en esos contextos, los dibujos se convirtieron en un medio vital para transmitir sus testimonios.