La prohibición de DEI en Misisipi podrá aplicarse plenamente tras la reversión del Quinto Circuito

Un tribunal federal de apelaciones despejó el camino para que entren en vigor varias disposiciones de la ley de Misisipi que restringe las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas públicas, al anular la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado su aplicación. Las secciones en cuestión impiden que los centros educativos públicos exijan capacitación en diversidad y mantengan programas, cursos y oficinas vinculados a la DEI; asimismo, prohíben abordar una lista de «conceptos divisivos» relacionados con raza, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, etnia y origen nacional. Las escuelas que infrinjan la norma podrían perder financiamiento estatal.

La prohibición, aprobada en abril de 2025, enfrenta un desafío judicial impulsado por un grupo de docentes, estudiantes, padres y activistas, quienes sostienen que la ley vulnera sus derechos amparados por la Primera y la Decimocuarta Enmienda. Según McKenna Raney, abogada que representa a los demandantes, estos disponen de varias semanas para presentar una petición de reconsideración ante el Quinto Circuito; la ley entraría en vigor siete días después de que venza ese plazo o de que la petición sea denegada. Además, el tribunal ordenó reasignar el caso a otro juez de distrito, tras concluir que el juez Henry Wingate emitió una orden de restricción temporal deficiente que incluía alucinaciones generadas por inteligencia artificial.

El fallo también precisa el alcance de la ley, que sus detractores tachan de excesivamente vaga: no se aplica a actividades académicas, estudiantiles ni a grupos o expresiones creativas, y desestima los temores de los demandantes de que vedara hablar de derechos civiles, del doctor Martin Luther King Jr., del Ku Klux Klan, de la Decimocuarta Enmienda, del Juneteenth o de «Of Mice and Men». «Es alentador saber que, cuando menos, estas iteraciones concretas de debates en el aula que se han dado durante años en Misisipi quedan exentas y pueden continuar sin impedimento», afirmó Raney, abogada del Proyecto de Justicia LGBTQ de la ACLU de Misisipi, aunque advirtió que los tipos de discusión permitidos siguen siendo «turbios». La Oficina del Fiscal General de Misisipi, que representa a los demandados, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios; sus abogados han argumentado previamente que los empleados públicos no gozan de derechos de la Primera Enmienda cuando actúan en el ejercicio de sus funciones.