Cerca de dos mil comentarios en contra del gasoducto Desert Southwest son entregados a la gobernadora Hobbs

El pasado viernes, el capítulo Gran Cañón del Sierra Club hizo llegar a la oficina de la gobernadora Katie Hobbs aproximadamente dos mil comentarios de oposición al gasoducto Desert Southwest, los cuales habían sido presentados la semana anterior ante la Comisión Federal de Regulación Energética (FERC) durante su período inicial de recepción de observaciones. Dichos comentarios, provenientes mayoritariamente de los estados atravesados por el trazado del ducto —Arizona, Texas y Nuevo México—, subrayan el rechazo comunitario a un proyecto que transportaría gas metano desde la cuenca Pérmica para alimentar los voraces centros de datos del suroeste estadounidense, a costa de menguar recursos hídricos ya de por sí escasos y de perpetuar por décadas la dependencia de un combustible que acelera el calentamiento global.

Los firmantes instan a una evaluación más rigurosa de las repercusiones sobre las comunidades y el clima, en particular por la proliferación de centros de datos y la apuesta por una infraestructura de gas costosa y altamente contaminante. De hecho, según el rastreador de gas planificado del Sierra Club, Arizona se ubica entre los estados con mayor número de nuevas plantas de gas proyectadas en todo el país. En el sur de Nuevo México, el gasoducto habilitaría el centro de datos Proyecto Júpiter, cuyas emisiones equivaldrían a las de las tres ciudades más grandes del estado y cuyo consumo energético superaría la capacidad total de la red de la mayor empresa de servicios públicos local, anulando por sí solo la reducción del 29% en gases de efecto invernadero que Nuevo México ha logrado desde 2005.

La postura de la gobernadora Hobbs, quien en mayo manifestó su respaldo al proyecto argumentando que prioriza a las familias de Arizona, contradice las preocupaciones sobre el gas que ella misma reconoció en el Informe del Grupo de Trabajo sobre Energía, lo que ha intensificado las críticas. Sandy Bahr, directora del capítulo Gran Cañón del Sierra Club, advierte que las comunidades no desean ver destruidos los frágiles desiertos y acuíferos de Arizona para beneficiar a las grandes empresas eléctricas, y exige que Hobbs defienda a los arizonenses en lugar de ceder ante las presiones corporativas. Voces como la de Vania Guevara, de Chispa Arizona, y Vanessa Pérez, de Activate 48, coinciden en que la justicia ambiental exige un diálogo genuino con las comunidades afectadas, en particular las de bajos ingresos y las comunidades BIPOC, que históricamente cargan con el peso de estos proyectos y merecen aire limpio, agua segura y un futuro sostenible.