La CPI condena sanciones de EE. UU. como un ataque contra la justicia internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) condenó el miércoles las sanciones impuestas por Estados Unidos contra su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, y el abogado senegalés Abdoulaye Seye. En un comunicado, el tribunal con sede en La Haya calificó estas medidas como "un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial", y advirtió que socavan el estado de derecho y ponen en peligro el orden jurídico internacional. A pesar de las presiones, la CPI aseguró que continuará cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma y en beneficio de las víctimas de crímenes internacionales.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció las sanciones el martes, argumentando que buscan proteger a los estadounidenses de lo que calificó como "una corte falsa". Según Rubio, los sancionados participaron en investigaciones contra funcionarios de países que no han aceptado la jurisdicción de la CPI. Cabe recordar que Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma en 2000, pero nunca lo ratificó. Bajo el mandato del presidente Donald Trump, Washington ha acusado a la corte de estar "politizada", especialmente después de que en 2024 la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

Las sanciones han provocado un amplio rechazo internacional. La Unión Europea, a través de Ursula von der Leyen y Antonio Costa, expresó su firme apoyo a la CPI, señalando que sus jueces y funcionarios deben poder actuar sin presiones externas para hacer justicia a las víctimas de los crímenes más atroces. Alemania, Francia, Japón, los Países Bajos y España también condenaron las medidas. La ministra de Justicia alemana, Stefanie Hubig, manifestó su profunda preocupación porque sea precisamente Estados Unidos, país que impulsó los juicios de Núremberg, quien lance un ataque frontal contra el derecho penal internacional. Japón, el mayor financiador de la CPI, calificó las sanciones de "muy lamentables".

Este conflicto subraya la creciente tensión entre Washington y la justicia internacional. Mientras la CPI defiende su papel en la lucha contra la impunidad, Estados Unidos intensifica su campaña para desmantelar la corte, lo que podría debilitar el sistema de justicia global y afectar la protección de los derechos humanos en el mundo.