Nuevas leyes para frenar los altos precios de los hospitales en EE.UU.

En Indiana, un distrito escolar está negociando directamente con un hospital local para reducir sus costos de atención médica, una opción que ahora es posible gracias a una nueva ley estatal. A partir del 1 de septiembre, 75 hospitales deberán ofrecer a los empleadores acuerdos con precios que no superen un límite establecido, calculado como un múltiplo de las tarifas de Medicare, el programa federal de seguro médico para mayores de 65 años. Jim Evans, director financiero del distrito, cree que esto podría generar ahorros significativos.

Los precios hospitalarios son un factor clave en el alto costo de la atención médica: aproximadamente la mitad de cada dólar de seguro comercial se destina a cuidados hospitalarios. Durante años, los empleadores absorbieron estos aumentos sin tener información clara sobre cómo se comparaban con las tarifas de Medicare. Un estudio de 2017 encontró que algunos hospitales grandes de Indiana cobraban de tres a cuatro veces más que Medicare, lo que impulsó reformas en varios estados.

Además de Indiana, Vermont y Delaware han aprobado leyes para limitar los precios hospitalarios. Oregon, por ejemplo, ahorró más de 107 millones de dólares y redujo los precios ambulatorios en un 25% tras dos años de aplicar un tope. Sin embargo, algunos hospitales que cobraban menos subieron sus precios hasta el límite, lo que genera dudas entre economistas como Tony Lo Sasso, quien advierte que estos topes no resuelven el problema de fondo: la falta de competencia. "Se obtiene un alivio temporal, pero no será sostenible", señala.

Para 2029, Indiana implementará una medida más estricta: los hospitales sin fines de lucro que no reduzcan sus precios por debajo de un promedio estatal podrían perder su estatus exento de impuestos. Aunque los hospitales han recortado precios voluntariamente, la asociación local advierte que enfrentan costos laborales y recortes en Medicaid. La ley no obliga a las aseguradoras a reducir las primas mensuales, a diferencia de Vermont, donde el regulador debe garantizar que los ahorros lleguen a los pacientes. Los cambios inmediatos se verán en gastos de bolsillo más bajos, pero el impacto en las primas será más complejo.