La destrucción del patrimonio cultural en conflictos armados suscita demandas de justicia

Durante el transcurso del pasado mes de agosto, Ucrania padeció una brutal escalada de ataques aéreos rusos que incluyeron miles de drones y bombardeos intensos sobre Kyiv y las ciudades meridionales de Mykolaiv y Odesa. En medio de la destrucción y la pérdida de vidas, Odesa informó de daños en seis sitios protegidos por la Unesco, entre los cuales figura la Casa Alexandru Sturdza, una edificación decimonónica de color rosa salmón. Únicamente en ese mes, el Ministerio de Cultura de Ucrania registró 148 sitios de patrimonio cultural dañados o destruidos, lo que reavivó el interrogante de por qué resulta tan arduo exigir responsabilidades por la destrucción de bienes de auténtica significación cultural.

A pesar de que varios grupos de activistas ucranianos han presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Rusia por destrucción y saqueo de patrimonio, no se han emitido acusaciones. Bijan Rouhani, investigador sénior del proyecto Endangered Archaeology in the Middle East and North Africa, sostiene que el marco jurídico puede ser sólido sobre el papel, pero en la práctica casi inevitablemente resulta insuficiente. "Ningún Estado ha sido jamás juzgado por este delito. El obstáculo ya no son las pruebas, sino la jurisdicción y la voluntad política", afirma. La devastación no se limita a Ucrania: en Gaza, la Gran Mezquita Omari fue prácticamente destruida en un ataque israelí en 2023; en Irán, más de 100 sitios habrían sufrido daños durante la guerra aérea lanzada por Estados Unidos e Israel en febrero; y en Sudán, la guerra civil amenaza las pirámides de Meroe, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco en 2011.

Desde la adopción de la Convención de La Haya en 1954, el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a proteger el patrimonio cultural en conflictos armados, se han dado pasos para reforzar las salvaguardias, como el Segundo Protocolo de 1999. La CPI, establecida en 2002, tipificó como crimen de guerra los ataques deliberados contra edificios religiosos, artísticos, educativos y monumentos históricos. No obstante, solo un caso ha prosperado: Ahmad al-Faqi al-Mahdi, líder yihadista en Malí, fue condenado a nueve años de prisión por ordenar la destrucción de mausoleos y una mezquita en Tombuctú. Para Rouhani, sin el respaldo pleno de las grandes potencias y un compromiso genuino con el derecho internacional, el mundo seguirá contemplando la misma pauta devastadora.

Iniciativas locales como las de la Fundación Aliph, que desde 2017 ha destinado millones de dólares a museos ucranianos, o Blue Shield International, conocida como la Cruz Roja de la cultura, marcan diferencias a pequeña escala. Sin embargo, si la probabilidad de que alguien enfrente consecuencias por destruir un sitio patrimonial es casi nula, el efecto disuasorio brilla por su ausencia. "Lo que cambiaría el cálculo no son penas más severas, sino la perspectiva real de ser nombrado: órdenes de arresto para los comandantes que autorizan estos ataques, procesamientos en tribunales nacionales bajo jurisdicción universal y sanciones selectivas contra individuos concretos", sentencia Rouhani.