Ley federal busca proteger a estudiantes universitarios de abusos sexuales

Una demanda presentada por una exalumna de la Universidad de Cornell, identificada como Jane Doe, alega que fue drogada y violada por siete estudiantes en una fraternidad durante octubre de 2024. Aunque la policía del campus investigó los hechos y remitió el caso al fiscal de distrito, finalmente no se presentaron cargos penales; sin embargo, el informe de la estudiante activó el proceso del Título IX en Cornell. Según la demanda, en mayo de 2025 se celebraron al menos 12 audiencias ante un panel de profesores y personal, y la universidad comunicó que su investigación tomó "varios meses", lo que resultó en expulsiones y suspensiones, además del cierre de la fraternidad involucrada en 2024, que continúa vetada del campus.

El Título IX, ley federal de 1972 que prohíbe la discriminación por sexo en las escuelas, exige que las universidades investiguen las denuncias de agresión sexual y adopten medidas para proteger a los estudiantes, garantizando un entorno seguro y el acceso igualitario a la educación. Beth Gellman-Beer, exfuncionaria de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, explica que el papel de la escuela, a diferencia del proceso penal, consiste en determinar si el acusado debe permanecer en el campus, no si irá a la cárcel. El Título IX establece un estándar de prueba más bajo que el penal y puede constituir una vía alternativa de justicia cuando los fiscales no actúan, añade Gellman-Beer. Dependiendo de la gravedad, las medidas pueden incluir suspensión o expulsión del acusado, reubicación de la víctima, órdenes de no contacto o horarios laborales separados, con el objetivo de que las víctimas puedan seguir asistiendo a clase.

En los últimos años ha habido cambios drásticos en la implementación del Título IX. En 2020, la administración Trump elevó el estándar de prueba y exigió "audiencias en vivo con contrainterrogatorios". La administración Biden buscó ampliar la ley para proteger a estudiantes LGBTQ y eliminar las audiencias, pero esta semana la administración Trump revirtió esas protecciones adicionales y volvió a la versión de 2020, generando confusión en las universidades. Carolin Guentert, abogada que ha representado a víctimas en casos del Título IX, señala que el proceso a menudo es defectuoso: los coordinadores carecen de capacitación adecuada y no siempre están informados sobre el trauma, y las normas cambian tan rápido que las políticas escolares no logran adaptarse. Mientras tanto, la agresión sexual en los campus sigue siendo un problema grave; una encuesta de 2025 en Cornell reveló que más de 1 de cada 3 mujeres universitarias reportó haber sufrido una agresión sexual durante su estancia, frente al 23% en 2023. La universidad creó un grupo de trabajo para recomendar medidas contra la violencia sexual. Históricamente, los estudiantes podían presentar quejas ante la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación, pero la administración Trump ha recortado drásticamente esa oficina y ha centrado la aplicación del Título IX en políticas de identidad de género y deportes transgénero. Según un informe del senador Bernie Sanders, en 2025 la OCR no alcanzó ningún acuerdo de resolución en casos importantes de discriminación por acoso o violencia sexual en los campus.