Trump firma órdenes ejecutivas para restringir la ciudadanía por nacimiento pese al fallo adverso de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a impulsar una de sus ideas más polémicas: restringir la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Constitución desde hace casi 150 años. El mandatario republicano firmó dos órdenes ejecutivas para negar la ciudadanía en ciertos casos a hijos de padres extranjeros nacidos en territorio estadounidense, según informó Axios. La Casa Blanca busca eliminar el llamado "turismo de nacimiento", aunque no existen estadísticas oficiales y la mayoría de las organizaciones civiles considera que es una práctica marginal.

La iniciativa solo aplica a casos muy específicos, tiene un alcance limitado y plantea serias dudas sobre su legalidad, dado el precedente jurídico. Hace poco más de un mes, la Corte Suprema emitió un fallo que declaró ilegal la orden de Trump, reafirmando el derecho a la ciudadanía automática para los bebés nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, según la 14.ª Enmienda. Pese al revés judicial, el presidente insiste con el tema. "El privilegio de la ciudadanía estadounidense es un regalo invaluable y profundo", declaró.

La Casa Blanca afirma haber encontrado un resquicio legal que, según ellos, permite avanzar con la nueva política restrictiva. Consideran que el fallo del alto tribunal permite limitar la ciudadanía por nacimiento bajo ciertas condiciones. Por ello, las nuevas órdenes aplican solo a cuatro circunstancias: hijos de padres extranjeros que trabajan en misiones diplomáticas; hijos de personas clasificadas como enemigos extranjeros, incluidos miembros de organizaciones terroristas; hijos nacidos en territorios como Puerto Rico, si el Congreso modifica la ley; y bebés de madres que entran a EE.UU. "expresa y engañosamente" con el único fin de dar a luz.

Estas órdenes enfrentarán el escrutinio de la Corte Suprema y las organizaciones civiles planean demandar. Aún queda esperar la decisión de los nueve jueces. Este movimiento podría redefinir el alcance de un derecho fundamental, pero también genera incertidumbre sobre su viabilidad legal.