Un logro regulatorio contra la contaminación química se desmorona

El 2024, la regla HON (Hazardous Organic National Emission Standards) representó un hito en la lucha contra la contaminación tóxica en Estados Unidos, al exigir a más de 200 plantas petroquímicas reducir drásticamente sus emisiones de sustancias cancerígenas. La norma fue celebrada por comunidades como las de "Cancer Alley", en Luisiana, donde Tish Taylor y su padre, Robert, presenciaron la firma del decreto. Sin embargo, el segundo mandato de Donald Trump ha desmantelado este esfuerzo.

Desde el inicio de su gestión, la administración Trump otorgó exenciones temporales de dos años a más de cincuenta instalaciones, y en julio de este año añadió veinte más, mientras la EPA prepara una reescritura de la norma que casi con certeza diluirá sus protecciones. Para Taylor, todo lo logrado "fue tirado a la basura". La regla HON requería mejoras en equipos de control, monitoreo en los linderos de las plantas y cierre de un vacío legal que permitía emisiones sin límites durante paros operativos, como los previos a tormentas, cada vez más frecuentes por el cambio climático.

El impacto de la regla era enorme: se estimaba que preveniría 6,200 toneladas de contaminación tóxica anual y reduciría las emisiones de óxido de etileno y cloropreno en un 80%, además de disminuir el riesgo de cáncer en comunidades cercanas en un 96%. Estas sustancias, señaladas por expertos como Tracey Woodruff, aumentan la incidencia de cáncer de mama, hígado, leucemia y linfoma, y "deberían haberse regulado estrictamente hace mucho tiempo". A pesar de ello, casi el 60% de las plantas afectadas se concentran en Texas y Luisiana, donde la exposición es desproporcionadamente alta para comunidades negras, como en la parroquia de San Juan Bautista, cuyo riesgo de cáncer por contaminación del aire es casi 50 veces superior al promedio nacional.

Trump justificó las exenciones apelando a la seguridad nacional y a la falta de tecnología, argumentos que grupos ambientales y legales consideran infundados y que han llevado a una demanda federal. Organizaciones como Concerned Citizens of St. John y RISE St. James denuncian que, con el desmantelamiento de estas protecciones y la eliminación de herramientas de datos públicos, las comunidades quedan vulnerables ante posibles catástrofes. Sharon Lavigne, activista de RISE, conserva la pluma usada por el jefe de la EPA en 2024 y promete: "Cuando él deje el cargo, vamos a restaurar la regla".