Sharpeville: medio siglo después, las familias de las víctimas vuelven a los tribunales

Paulina Mathinye, de 71 años, señala con dolor las tumbas cubiertas de maleza del cementerio de Sharpeville, donde yace su padre junto a decenas de manifestantes negros abatidos por la policía el 21 de marzo de 1960, en una de las jornadas más sangrientas de la historia del apartheid. Denuncia que el lugar permanece abandonado salvo el día en que la elite política acude a conmemorar la matanza, y exige justicia para un padre cuyo papel en aquel punto de inflexión de la lucha contra el régimen segregacionista considera insuficientemente reconocido.

Aquel día, al menos 69 personas fueron tiroteadas durante una protesta contra las leyes que restringían la movilidad y la residencia de la población negra. Sesenta y seis años más tarde, supervivientes y familiares impulsan una posible acción colectiva que, según esperan, podría derivar en indemnizaciones, aunque no está claro si queda con vida algún responsable. Antes deben impugnar ante el Tribunal Superior de Gauteng la vigencia de la Ley de Indemnización de 1961, norma de la era del apartheid que sigue bloqueando sus intentos de reparación pese a que un gobierno de mayoría negra gobierna el país desde hace décadas; si el tribunal la declara inconstitucional y certifica la acción colectiva, podrían seguirse reclamaciones individuales por daños.

Mathinye sostiene que las consecuencias de aquella jornada marcaron toda su vida: sin el sostén principal del hogar no pudo terminar sus estudios, lo que a su vez condicionó la vida de sus hijos y nietos. Su caso forma parte de una nueva ola de iniciativas legales que buscan verdad, responsabilidad y reparaciones antes de que sea demasiado tarde. El abogado de derechos humanos Daniel Leader, asesor del equipo jurídico sudafricano, subraya que es crucial que las autoridades aborden estas injusticias profundas en lugar de sepultarlas. Entre los procesos figura la reapertura de la investigación sobre la tortura y muerte de Steve Biko en 1977, cuyo hijo, Nkosinathi, afirmó que el asesinato fue exactamente eso y confió en que la pesquisa alcance una conclusión inequívoca.

La Comisión de Verdad y Reconciliación negó la amnistía a varios agentes de seguridad por considerar que no habían dicho la verdad, lo que en la práctica abrió la puerta a posibles procesamientos que nunca se materializaron. El año pasado, el presidente Cyril Ramaphosa creó una investigación formal para determinar si cientos de sus recomendaciones fueron archivadas deliberadamente, incluida la eventual existencia de un pacto secreto entre antiguos dirigentes del apartheid y los nuevos líderes negros para no procesar en aras de la reconciliación; sus conclusiones se esperan para diciembre.