Una lista del DOJ de 20.000 posibles no ciudadanos en California incluiría a personas nacidas en EE. UU.

El Departamento de Justicia (DOJ) exige a California que separe los votos de unas 20.000 personas que, según el propio departamento, son "probablemente" no ciudadanas; sin embargo, una revisión inicial de las autoridades locales sugiere que dicha lista resulta "poco fiable" y que algunas de esas personas habrían indicado en sus registros que nacieron en Estados Unidos y, por lo tanto, podrían ser ciudadanas.

Los detalles provienen de documentos judiciales presentados por el estado de California y funcionarios locales en respuesta a una demanda del gobierno federal, que busca obligar al estado a investigar a esas personas antes de contar sus votos; el estado sostiene que hacerlo sería inviable tan cerca de las elecciones y probablemente violaría leyes electorales federales y estatales. La disputa comenzó cuando el DOJ entregó a Los Ángeles una memoria USB con la lista de unas 20.000 personas que, según el Departamento de Seguridad Nacional, son "probablemente no ciudadanas"; de esos 20.000 nombres, solo 7.035 tenían direcciones en el condado de Los Ángeles y algunos eran duplicados, según Dean Logan, registrador del condado.

Funcionarios del condado revisaron una muestra de 200 personas y Monica Flores, registradora adjunta, escribió que, entre quienes tenían el lugar de nacimiento reportado de forma significativa, "el 38,9% indica que nació en Estados Unidos, lo que es una prueba sólida de ciudadanía"; además, 112 de los 200 registros correspondían a personas con registros cancelados o inactivos, y cerca del 70% no tenía historial de votación. El subfiscal general interino, Trent McCotter, reconoció que puede haber errores: "Puede haber algunos nombres que resulten ser ciudadanos; no somos perfectos".

El DOJ también anunció cargos penales contra 28 personas de la lista, todas residentes permanentes legales; una de ellas, Kamlesh Shah, de 68 años, dijo a la cadena KCRA 3 que creyó que podía votar porque tenía una Real ID. El caso plantea el riesgo de que se excluya a ciudadanos y se criminalice a personas que no entendieron las reglas.