Puerto Rico y la electricidad: facturas que suben mientras el servicio no mejora

En Puerto Rico, la electricidad se ha convertido en un asunto de conversación casi obligada, puesto que numerosos residentes reciben avisos recurrentes sobre posibles apagones debido a que el sistema no consigue satisfacer la demanda y, simultáneamente, afrontan un incremento del 37 % en el costo de la electricidad cinco años después de que la distribución de energía fuera transferida a un consorcio privado.

Conforme a un análisis reciente del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Puerto Rico, las facturas han experimentado un aumento mayor en este territorio estadounidense que en el territorio continental, y dicho incremento supera el encarecimiento global de los combustibles. El centro comparó el precio del kilovatio-hora en 2020, el año previo a que la empresa privada LUMA asumiera la distribución con la promesa de un servicio más eficiente y fiable: anteriormente costaba 19,63 centavos y ahora promedia 26,9 centavos. La deuda condujo a que la estatal Autoridad de Energía Eléctrica transfiriera la transmisión y distribución a LUMA en 2021 y, en 2023, a que firmara una alianza público-privada con GeneraPR para gestionar la generación. Dado que la generación y el consumo suelen mantener un equilibrio ajustado, queda escaso margen en los picos de demanda y a veces se deben aplicar apagones selectivos; además, si bien Washington ha asignado 14.000 millones de dólares desde 2017 para mejorar la red, solo se han desembolsado 2.700 millones, según un informe de junio de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO).

La frustración se intensificó cuando la Junta de Energía aprobó en octubre un nuevo ajuste trimestral de tarifas que añadió decenas de dólares mensuales a algunos hogares y miles de dólares a algunos negocios. La reguladora intentó mitigar el impacto y admitió que un cliente que pagaba alrededor de 228 dólares mensuales ahora tendría que afrontar una factura de al menos 270. Tanto la junta como LUMA atribuyen el alza principalmente al mayor costo de los combustibles a causa de la guerra en Irán, aunque algunas unidades generadoras se desconectan con frecuencia y obligan a recurrir al diésel, más costoso. El golpe es severo donde el salario semanal promedio es de 724 dólares, menos de la mitad de los 1.654 del territorio continental. La asociación de pequeñas y medianas empresas advirtió que hasta 12.000 negocios podrían cerrar y unos 70.000 empleos perderse. Christian Delgado cerró su negocio de lavado y pintura de autos en Bayamón tras recibir facturas de casi 4.000 y luego de unos 2.600 dólares, frente a los 350 que pagaba meses antes, y encabezó una protesta el 24 de octubre frente a las oficinas de LUMA en San Juan.